De las mentiras respecto al dinero de las pensiones, o de la excusa para el sector financiero de la economía.

Desde los años 80 del siglo pasado en los que el neoliberalismo como ideología dominante se extendió por Europa, irradiado desde la Gran Bretaña de M. Tatcher, es recurrente entre la clase política la advertencia de que el sistema público de pensiones se encuentra en situación insostenible. Y ello ha servido para que se realicen diferentes reformas tendentes a disminuir las cantidades que se perciben, bien porque se reduce la cuantía, bien porque se amplían los períodos para su cómputo. O como en esta última reforma, también, dando un salto atrás en tiempo, prolongando la edad de jubilación.

Pero tras el argumento de encontrarnos en un sistema descompensado, según el cual la relación entre personas trabajando y pensionistas paulatinamente se desplazaría a favor de estas últimas, lo que se ha interpretado como que, proporcionalmente, una menor cantidad de cotizantes y, por tanto, de dinero, tendría que pagar a una cada vez mayor parte de personas beneficiarias. Esta situación haría imposible el mantenimiento del sistema así configurado.

Aparte de las mediadas anteriormente expuestas, a saber, reducción de cuantías y prolongación de la edad de jubilación, vienen aconsejando insistentemente el que cada ciudadano complemente su futura pensión suscribiendo pólizas de pensiones con las aseguradoras privadas. Esta recomendación ha sido ampliamente difundida desde los centros de poder, económico, financiero y político, con el beneplácito seguimiento de los medios de comunicación.

Pero tras ella se esconden enormes falacias que no pretenden más que ocultar la verdad. En primer lugar, noes verdad que sean los trabajadores y trabajadoras cotizantes quienes mantienen el sistema de pensiones. La pensión es un derecho que percibe el o la pensionista tras haber cotizado a lo largo de su vida laboral. Por tanto, nadie mantiene su pensión. Ese derecho lo recibe como si hubiera estado cotizando a una aseguradora privada. Pero en este caso lo hace al Estado. Caso diferente es el de las pensiones no contributivas. Estas pensiones no contributivas que otorga el Estado pueden tener como fuente de financiación los impuestos de los que el Estado se nutre para el sostenimiento de los gasto. Es un gasto social que la ciudadanía admite por solidaridad con las personas que no pudieron cotizar a lo largo de su vida por carecer de un trabajo remunerado. Nadie negaría, por ejemplo, esa posibilidad a las numerosas amas de casa que se encuentran en esa situación al llegar a la edad de jubilación.

Hay quienes argumentan que el Estado puede estar utilizando esos fondos destinados a las pensiones para otros gastos y que, llegado el caso, no pudiera hacer frente a sus obligaciones de pago. Pero para estas situaciones, el Estado, dispone de mecanismos para obtener el ingreso necesario, vía impuestos o reducción de otros gastos, antes que hacer dejación de esa obligación previamente asumida con todas la personas que han estado cotizando hasta ese momento. Y es responsabilidad del Estado procurar que la disponibilidad de tesorería sea la adecuada para el número de pensionistas existente en cada momento. Incluso atendiendo a las posibles desviaciones.

Y mayor falacia es aún pensar que un fondo privado de pensiones sí que puede garantizar ese derecho a la jubilación digna. Si es imposible que, por esencia, un Estado quiebre, no lo es en el caso de un fondo privado. El Estado no tiene por función especular con el dinero recibido para aumentar las plusvalías, objetivo de los fondos privados de pensiones. Por eso, estos fondos, en tiempos de crisis, sí pueden entrar en situación de pérdidas y no poder hacer frente a las obligaciones contraídas con las personas que suscribieron las pólizas de seguros. Ese riesgo, y las condiciones elevadas que imponen las aseguradoras privadas que aspiran a la obtención de beneficios con ellas, se lo podrán permitir las personas de mayor poder adquisitivo, pero no la mayoría de la población. El Estado, por su contra, ni busca la obtención de beneficios ni la especulación con los fondos, sino garantizar el derecho a la jubilación de toda la población.  Por eso el sistema público es un sistema justo y solidario. El ataque contra él por parte de los voceros de la gestión neoliberal al que asistimos estos días, responde únicamente a los intereses y voracidad de la oligarquía financiera, que ve en la gestión de ese ahorro una oportunidad para continuar con sus negocios especulativos, aumentando así el control y poder global de la economía y los mercados.